¿Alguna vez te has preguntado cómo se financian las obras públicas de tu localidad? Es decir, ¿de dónde provienen los recursos? Pavimentación de calles, techos y techumbres en escuelas públicas, alumbrado público, ampliaciones de drenaje y agua potable, reacondicionamiento de parques, construcción de deportivos y canchas, instalación de bebederos, entre otras obras, se hacen con recursos del municipio o localidad, pero también hay recursos del Gobierno Federal destinados a éstas.
Los estados suelen presentar constantemente presiones de gasto que dependen principalmente de factores económicos, demográficos y geográficos, entre otros, aunados a las estrategias del gobierno estatal. Con ello, surgen un sinfín de necesidades que el gobierno procura cubrir en beneficio de la población y desarrollo del estado.
En este sentido, para llevar a cabo los proyectos planteados, los recursos provienen de dos fuentes: 1) cada estado obtiene los propios, y 2) el Gobierno Federal entrega recursos a través de aportaciones, convenios, subsidios y participaciones. Sin embargo, hasta 2018, lo que no podía ser cubierto de la forma antes mencionada, se realizaba mediante el Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”. Por ello, este último, también conocido como el ramo de “los moches", ha sido blanco de recurrentes y fuertes críticas por su uso discrecional entre el Gobierno Federal y las entidades federativas, la falta de transparencia y rendición de cuentas.
Para 2019, la austeridad republicana ha sido el eje primordial para la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019. De esta manera surge el ajuste presupuestal en materia de servicios personales (adelgazamiento de estructuras organizacionales burocráticas), contención en gastos de operación en las dependencias, revisión de programas sociales y el replanteamiento del Ramo 23.
El Ramo 23 no sólo se usa para brindar apoyo a Entidades Federativas, también funciona como un mecanismo de control del gasto, a través de ampliaciones y reducciones presupuestales que se requieren a lo largo del año, y así cumplir objetivos específicos de política nacional, por ejemplo: fondos de estabilización de ingresos del gobierno federal y estatal, fondos para prever y atender los desastres naturales y fondos para el cumplimiento del balance presupuestario.
RadarMx se dio a la tarea de revisar el comportamiento del gasto del Ramo 23, así como el cambio de esencia del ramo y su restructuración durante la nueva administración.
Al realizar un comparativo por año del comportamiento del Ramo 23, se observa que, efectivamente, se ejercía más dinero del presupuestado. En 2017 se presenta la mayor diferencia, pues se ejercieron 255,635 mdp (193.9%) más de lo aprobado; por otra parte, en 2008 hubo un crecimiento de 199,321 mdp (385.3%). Es claro que año con año se mostraba un crecimiento en el presupuesto aprobado; no obstante, para 2019 se perdió la tendencia al aprobar 112,997 mdp.
Sin considerar los fondos de estabilización y los fideicomisos, se observó un comportamiento constante a partir de 2014 con el programa Contingencias Económicas (en 2016 cambió su nombre a Fortalecimiento Financiero). Por ejemplo, se puede ver que en 2015 se ejercieron 69,087.3 mdp más que lo presupuestado y en 2016 la cifra fue de 60,77.1 mdp más. Realmente, cada año, a pesar de saber que dichos programas ejercían más, se presupuestaba menos, ¿a qué se debería? Probablemente, presiones presupuestales de los estados.
Recursos por Entidad Federativa
RadarMx investigó el comportamiento que dichos programas presentan por entidad federativa a partir de 2014. Se observa que los estados que han recibido mayores recursos de 2014 a 2018, en orden descendente, son: Estado de México, Guerrero, Chiapas, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, Ciudad de México y Nuevo León.
Presupuesto 2019
Para el PEF 2019, la nueva administración sólo aprobó 16 programas presupuestarios con recursos, de los cuáles tres apoyan a entidades federativas:
El Fondo Metropolitano que destina recursos para programas y proyectos de infraestructura para promover la adecuada planeación del desarrollo regional de las zonas metropolitanas de las entidades. Tiene un presupuesto por 3,300 mdp.
El Fondo Regional apoya a las 10 entidades con menor índice de desarrollo humano del índice nacional. El 50% de los recursos se destinan a Chiapas, Guerrero y Oaxaca y el restante 50% a las 7 entidades con menor IDH. Este año se cuenta con 1,869 mdp.
El Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público a las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) para proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir al desarrollo integral e inclusión con 400 mdp, dicho fondo no tiene restricción de Entidades Federativas.
Algunos programas extintos con lineamientos de operación
Fondo de Apoyo a Migrantes apoyaba el retorno a aquellos mexicanos migrantes a sus lugares de origen, se les ayudaba a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, y fomentar la operación de albergues para que los atendieran.
Programas de Desarrollo Regional, los cuales tenían carácter de subsidios federales y que eran destinados a proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento (como las obras mencionadas al inicio).
Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México se le destinaban recursos para infraestructura y equipamiento en su condición de sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Cambio positivo o negativo?
La reestructuración en el gasto público para 2019 ha sido totalmente diferente como cada sexenio, cada uno regido por ideales políticos nuevos. Si bien, a pesar de tener pocos datos del ejercicio del 2019, podemos ver una contención del gasto muy estricta con una redirección de recursos hacia sectores sociales, este factor pudo afectar el funcionamiento de dependencias y entidades, y de igual forma, redujo la inversión en infraestructura.
Esta restricción presupuestaria también afecta a municipios, sobre todo a aquellos con menores ingresos, ocasionando reducciones en la inversión en infraestructura pública como alumbrado, pavimentación, drenaje, interconectividad, entre otros.
Si se quiere un cambio, tiene que ser con una estrategia clara desde el principio, a través de la cual se evalúen los efectos positivos y negativos del destino de los recursos, pues las entidades y municipios seguirán presentando presiones de gasto de infraestructura y financieras.
Además, la estrategia para el ejercicio del gasto debe contemplar los recurrentes compromisos del presidente en diversos temas como el apoyo a los migrantes, “Donde come uno, deben comer cien, mil, un millón de seres humanos” (AMLO, 2019), o la descentralización de dependencias que planteó al inicio de su gobierno.
Ante la opacidad presentada en administraciones anteriores, queda claro que era necesaria la reestructuración de programas del Ramo 23, sin embargo, cabe preguntar, ¿era necesaria la eliminación de ciertos programas o un control más estricto en el manejo de recursos?, ¿la discrecionalidad ha quedado atrás?
Fuentes:
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